Las “unidades de instalación” son los soportes o elementos físicos en los que se guardan y conservan los documentos, como carpetas, contenedores o cajas.
Con la entrega del primer avance del Catastro Nacional de Archivos finalizó la fase inicial de trabajo de la Mesa Técnica de Archivos Públicos. El informe entregado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, da cuenta del relevamiento de 36.177 soportes de documentación de interés para el Plan Nacional de Búsqueda.
Se trata de los archivos producidos y/o resguardados por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Interior y Seguridad, Defensa y Archivo Nacional, instancias que definieron contrapartes de trabajo para el Programa de Derechos Humanos, órgano ejecutor del plan y coordinador de la mesa técnica. Este primer informe es uno de los avances del Plan Nacional de Búsqueda al dar respuesta a una de las acciones comprometidas en su matriz: “Identificar, acceder y organizar archivos generados por personas naturales e instituciones públicas y privadas que contengan documentación que permita reconstruir las trayectorias de personas víctimas de desaparición forzada”.
“Nos hemos comprometido a reconfigurar la trayectoria de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada. Parte de su historia se encuentra en los documentos que existen en instituciones públicas y privadas, pero que nunca han sido trabajados en forma articulada para transformarlos en insumos que contribuyan como un todo a las investigaciones”, señaló el ministro Cordero al recibir el informe, que contiene un plan de relevamiento, el Catastro Nacional de Archivos y un plan transferencia o acceso de la documentación.
“Hoy entregamos este primer avance respecto a los objetivos propuestos y esperamos seguir trabajando de manera cooperativa en este sentido, considerando también una mirada descentralizada y la incorporación de nuevas actorías a la Mesa Técnica de Archivos Públicos” anunció Tamara Lagos, coordinadora del Área de Archivo e Investigación Documental del Programa de Derechos Humanos.
Primera mirada a la documentación producida y/o resguardada por instituciones del Estado
El Archivo Nacional de la Administración es la institución que reúne el mayor volumen de documentación identificado, con un total de 19.811 unidades de instalación. Le siguen el Archivo Regional de La Araucanía —6.880— y de Tarapacá —4.007—; el Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores —3.703—; el Archivo Histórico del Servicio Médico Legal —1.326— y el Archivo institucional del Ministerio de Defensa Nacional —450—.
Destaca la documentación que reúne el Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye la de las embajadas y consulados Chile-Argentina, Chile-Perú, Chile-Bolivia o los fondos de países como Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay. La información abarca los oficios secretos, reservados y públicos, correspondencia, télex, aerogramas, cables, mensajes, artículos de prensa y otros.
También destacan los expedientes periciales de las autopsias médico-legales del archivo histórico del Servicio Médico Legal; actas, correspondencia y registros de Gendarmería de Chile, y los antecedentes judiciales, médicos y fichas de seguimiento de personas, entre otros, de la Sociedad Benefactora y Educacional Colonia Dignidad.
Metodología
Para determinar las instituciones que deberían conformar la primera fase de trabajo se consideró el diagnóstico levantado con la sociedad civil, las experiencias de relevamiento en otros países de la región sobre aquellas entidades que habían producido la mayor cantidad de documentación vinculada al tema y aquellas instituciones nacionales que habían asumido compromisos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.
Así se determinó que la mesa estuviera conformada por las y los especialistas en el tema Paz Ahumada y Cecilia Arias, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Sandra Gutiérrez y Matías Alfaro, del Ministerio de Relaciones Exteriores; Claudio Ortiz, del Ministerio de Defensa Nacional; Patricia Huenuqueo, Tania González y Roberto Manríquez, del Archivo Nacional, y Cristián Sánchez, del Poder Judicial.
El trabajo apuntó a pesquisar los documentos o conjuntos documentales que sean de interés para los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda.
La documentación del Estado recopilada consideró archivos de carácter administrativo producidos por la administración del Estado que registran directa o indirectamente las violaciones a los derechos humanos. Se considera que ambas representan la principal fuente de información para los objetivos del plan, pese a declaraciones que indican la destrucción y eliminación de parte de ellas.
En contraposición, existe consenso para perseverar en la búsqueda de información sensible. Así también lo concibe Claudio Ortiz, encargado del Archivo Institucional de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y miembro de la Mesa Técnica de Archivos Públicos.
“Para nosotros, participar en esta instancia, en esta temática, ha sido un acto, por así decirlo, casi de redención. Porque nos permite decir lo que estamos haciendo, nos permite mirar un futuro informado respecto a procesos anteriores de nuestra historia”, aseveró.
“Creo que lo que le entrega más relevancia a este trabajo, es que nos permite colaborar con algo esencial… …que es dar un contexto para alcanzar nuestra paz social. Es un poco tarde, pero no por ello no hay que hacerlo. Y si bien hay una alta expectativa, nosotros estamos deseosos de enfrentar esa expectativa”, con esta última reflexión, Claudio Ortíz dio cuenta del compromiso que lo anima a participar en esta investigación.
Próximos pasos
Una de las conclusiones de la mesa técnica fue el diagnóstico compartido respecto a la dispersión de la documentación, la ausencia de identificación y descripción, la imposibilidad de cuantificar los volúmenes de información, la falta de recursos y la ausencia de una normativa actualizada.
Para Tania González, asesora jurídica del Archivo Nacional, el trabajo “muestra la necesidad imperiosa de avanzar en un proyecto de ley de archivos que proteja los archivos públicos, sobre todo en estas materias y, por otra parte, avanzar en la derogación de la ley 18.771, una ley de finales de los años 80 que eximió al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos dependientes a la entrega de sus archivos hacia Archivo Nacional. Me parece que eso es algo que todavía hay una deuda en un Estado democrático como el nuestro”.
Tal como indica el informe, se hizo evidente que el trabajo avanzado debe ampliarse territorialmente, por lo que ya se ha delineado una identificación inicial a nivel regional a desarrollar en la segunda fase del trabajo.
“Respecto a la segunda fase de trabajo de la mesa técnica, espero que todas las instituciones podamos contar con un presupuesto asociado al cumplimiento de los objetivos y avanzar en el acceso a los archivos. Particularmente desde el Ministerio del Interior tenemos la misión de abrir espacios en las regiones, a través de las delegaciones presidenciales y acceder a los archivos que ellos tienen” reforzó Paz Ahumada, encargada Unidad de Género y Participación Ciudadana de la Subsecretaría del Interior.
Para Tania González, existe certeza en la continuidad de los avances. “Cada ministerio, que es parte de la mesa, ya ha identificado bajo su custodia los documentos que puedan ser relevantes. Hemos podido evidenciar que dentro de ese universo que ya ha sido identificado, sí tenemos antecedentes que podrían aportar”, concluyó.