Además, el Servicio Médico Legal y el Registro Civil expusieron el estado de avance y la planificación de los trabajos comprometidos con la política de Estado.
Los miembros del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda, en la primera sesión, tras su constitución, definió su marco normativo y eligió a su representante por unanimidad, recayendo el cargo en Gaby Rivera. Rivera es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Inició su búsqueda en 1975, tras la detención y desaparición de su padre, esta tarea la ha llevado a conocer y a dar a conocer, la tenacidad y la esperanza que guardan las familias de las víctimas.
Para la dirigente su rol será de representatividad. “Hoy conformamos un grupo de trabajo. Porque más allá de la presidencia, vamos a trabajar en equipo, todos juntos, o no vamos a lograr el objetivo principal: saber qué pasó con nuestros familiares”, señaló.
Reglas de funcionamiento
El comité declaró en el reglamento que sus funciones de “conocer, asesorar y hacer recomendaciones al desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda”, se ejercerán con respeto pleno de los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, velando en todo momento por el interés superior de las víctimas y la sociedad. “
También incorporaron medidas explícitas de participación y acceso a la información respecto, especialmente, a las diligencias que lleven a cabo los ministros y de aquellas que tengan relación con los trabajos de búsqueda en sitios de interés.
Otro de los puntos importantes que determina el reglamento es la función informativa del Programa de Derechos Humanos, que deberá entregar al inicio de cada sesión, una cuenta detallada de los avances y del nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados.
Entre otros puntos, sesionarán cada tres meses y, en forma extraordinaria, cuando lo solicite la presidencia del comité o el Programa de Derechos Humanos, además podrán solicitar información o citar a representantes de los organismos públicos que estén vinculados a las gestiones del Plan Nacional de Búsqueda.
Primeras exposiciones
La directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado y su equipo informaron, su participación, en coordinación con el Programa de DD.HH, en las gestiones de búsqueda realizadas en sitios prioritarios: La Coca y La Veleidosa, en Antofagasta; Cerro Chena en la Región Metropolitana; Punta de Parra en Biobío; Pemehue en Araucanía y Chamiza en Los Lagos.
También se abordó el avance en el trabajo de las pericias de osamentas; las mejoras en los estándares de trabajo para optar a la certificación internacional; priorización de las diligencias de toma de muestras a familiares de víctimas y la elaboración, en conjunto con otras instituciones, en protocolos que garanticen el acceso a la información y participación de las y los familiares y de la sociedad, en los procesos de búsqueda.
Construcción de una nómina única de víctimas de desaparición forzada
El jefe del área de coordinación y búsqueda, Juan Mena, explicó la metodología que se ha usado, hasta ahora, para la determinación del universo de 1.469 víctimas calificadas de desaparición forzada por las comisiones de verdad.
En el marco del Plan Nacional de Búsqueda, una de las acciones comprometidas es construir una nómina única de víctimas de desaparición forzada y sus trayectorias.
La lista se construirá en base a la información oficial obtenida del trabajo de las comisiones de verdad que tuvieron un mandato restringido y acotado en el tiempo. Razón por la cual el compromiso es revisar y actualizar la nómina, tanto respecto a víctimas no calificadas, como de los resultados que vayan arrojando los procesos de búsqueda.
Con este fin, el Programa trabajará junto al SML y el Registro Civil. Liliana Latorre, encargada de la Unidad de DD.HH de este último servicio, presentó el trabajo realizado para la verificación de los datos civiles de cada una de las 1.469 víctimas, explicando la metodología, los obstáculos y los resultados generales obtenidos hasta la fecha.
